Según lo dispuesto en el nuevo reglamento del Senado, aprobado el 23 de octubre —que entrará en vigor en 2026, en el marco de la implementación del sistema bicameral—, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) será fusionada con la Comisión de Familia, Mujer e Inclusión Social. Esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión socioambiental, y supone un grave debilitamiento de los mecanismos de representación de los pueblos indígenas y de la defensa del ambiente en el ámbito legislativo, considerando además que el tema ambiental no figura expresamente entre las competencias de la nueva comisión.
Diversas organizaciones sociales y ambientales han advertido que esta medida constituye un retroceso en materia de participación ciudadana y una vulneración de los principios de representatividad y derechos colectivos, entre otras, la ONAMIAP, Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, declara: “Desde ONAMIAP denunciamos y rechazamos este nuevo intento de borrarnos políticamente. Seguiremos resistiendo y defendiendo nuestros derechos, nuestras vidas y a la Madre Naturaleza.”
Desde el MOCICC hemos pedido un comentario sobre el hecho a María Elena Foronda, directora del Instituto Natura y ex Presidenta de la Comisión de Pueblos, y al especialista Richard O’Diana, abogado de la Oficina de Incidencia Legal del CAAAP, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.
María Elena Foronda declaró: “La noticia que ahora me acaba de conmover e indignar es saber que, gracias a la dictadura de los votos de este parlamento – que no respeta los poderes del Estado y menos el marco normativo e institucional- se quiere cerrar la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Se niega así el derecho legítimo, legalmente reconocido e internacionalmente avalado de los pueblos originarios en nuestro país a que sus voces sean escuchadas y sus derechos sean cumplidos.”
Considerando esta decisión como una violación del Convenio 169 de la OIT, la ex Presidenta de la Comisión considera que: “El parlamento está yendo en contra de los derechos establecidos en la legislación internacional, de manera coherente con la política extractivista que está implementándose a sangre y fuego en el Perú. Y coherente con los delitos que se están cometiendo, con siempre más minería ilegal, más trata de niños dentro de la amazonia, y más destrucción de territorios.”
En declaraciones al MOCICC, Richard O’Diana señaló que “ya vivimos en un contexto precario, donde en una sola comisión se han juntado dos temas: medio ambiente y pueblos indígenas originarios del Perú. Si ya existe el peligro de que estos asuntos se aborden solo de manera superficial, ahora el riesgo será aún mayor: que ni siquiera se discutan y que el Congreso no cumpla su función de fiscalización”. El abogado calificó la decisión como “inmoral e inadecuada”, subrayando que, al no mantener una comisión específica para los pueblos, se vulnera el estándar constitucional de derechos humanos y de protección de los pueblos indígenas, lo que podría incluso abrir la puerta a un debate sobre su inconstitucionalidad.
Finalmente, enfatizó que, ante esta situación, es necesario fortalecer los mecanismos de incidencia ciudadana y legislativa, y reafirmó que “es el momento de reforzar nuestros espacios de acción: las redes sociales y las calles.
Desde el MOCICC consideramos que esta Comisión constituye un espacio clave para abordar temas vinculados con los derechos de las comunidades indígenas, la protección ambiental y la gestión cultural. Reafirmamos la importancia de garantizar una representación efectiva de los pueblos indígenas y de fortalecer la defensa del ambiente en el Congreso, pilares fundamentales para construir una democracia verdaderamente participativa y ambientalmente justa.
